agosto 20, 2025
INTERNACIONALES

El embajador de EEUU en México defiende que la solución a la migración está «en el sur»

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, defendió este martes que la solución al problema migratorio que afrontan ambas naciones está «en el sur».

«La solución de la migración que llega a la frontera entre Estados Unidos y México está en el sur (…) la solución se tiene que hallar en el desarrollo del sureste de México, en el rincón olvidado, lugares como Chiapas», afirmó Salazar en el discurso que abrió un evento en su residencia oficial.

El embajador hizo referencia a los proyectos de desarrollo que hay en los estados mexicanos en esa zona, tales como el Corredor Interoceánico, y deseó su continuación para “contener la migración y levantar el bienestar del pueblo de México en el sureste”.

Salazar hizo referencia a la necesidad de solucionar el problema de la inseguridad en la frontera con Guatemala y hacerlo de forma coordinada entre México, EEUU y el propio país guatemalteco.

El diplomático adelantó que en el tiempo que le queda en el cargo, al término de la administración del presidente Joe Biden a quien sucederá Donald Trump el próximo 20 de enero, seguirá dedicando esfuerzos a trabajar en el sur de México con viajes a Palenque (Chiapas), Tabasco y a Mérida, donde EEUU creará un consulado.

(c) Agencia EFE

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Marchan por justicia a un mes del asesinato del padre Marcelo Pérez en el sur de México

San Cristóbal de las Casas, (México), 24 nov (EFE).- Cientos de habitantes de comunidades indígenas del estado de Chiapas, en el sureste de México, se manifestaron este domingo para exigir justicia, a un mes del asesinato del padre y activista Marcelo Pérez Pérez, y demandaron paz ante la creciente violencia en la región.

«Que se busquen los caminos de paz en Chiapas, que no se busque la paz controlada por un crimen o por un régimen de algún grupo de narco, sino la paz verdadera, que en verdad los pueblos tengan libertad», expresó a EFE el padre José Elías Hernández.

Hernández, cura de la parroquia San Pedro, señaló que el Gobierno de México «debe de buscar esas condiciones de pacificación de las zonas de la frontera de la Sierra, los Altos y toda región de Chiapas, para que haya esta paz verdadera».

La marcha fue convocada en respuesta a la violencia generalizada en la entidad, a 35 días del asesinato del padre Pérez, quien fue atacado a balazos el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística chiapaneca.

El sacerdote de la etnia tzotzil, conocido como padre Marcelo, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra la violencia generada por los carteles del narcotráfico en la frontera sur de México.

El contingente fue encabezado por mujeres y hombres, junto con niñas, niños y adolescentes, quienes portaban cruces con listones blancos, banderas con la leyenda de «paz», y algunos llevaban la fotografía del padre Marcelo.

Bajo el grito de «Basta de asesinatos en Chiapas» y música tradicional y de viento, los manifestantes ataviados con sus trajes típicos caminaron unos 2 kilómetros por las calles de la localidad de Chalchihuitan, asentada entre las montañas de la zona Altos, a dos horas de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

Asimismo, demandaron la voluntad política del gobierno municipal, estatal y federal para poner fin a la violencia que ha afectado gravemente a las comunidades, pueblos rurales y ciudades de Chiapas en los últimos meses.

«Aquí existen muchas muertes, como cuando (al) padre Marcelo (lo asesinaron) por decir la verdad, por hablar la verdad, por defender a su pueblo», dijo Flor Pérez, habitante de Chalchihuitan.

En medio de la marcha, los participantes expresaron su dolor y desesperación ante la falta de justicia y la impunidad que prevalece en la región, mientras que líderes comunitarios hicieron un llamado a la unidad y a la resistencia pacífica en defensa de sus valores y su territorio.

Durante el evento, resaltaron la creciente preocupación por la escalada de violencia vinculada al narcotráfico, ahora en Tuxtla Gutiérrez, que ha llevado a que las comunidades más vulnerables, como los tzotziles y tzeltales, choles, mam, cachiquel y chuc, se conviertan en víctimas directas de la confrontación entre bandas criminales y autoridades.

Los pueblos originarios de México han sido históricamente afectados por la violencia generada por los cárteles del narcotráfico, y su situación ha empeorado en los últimos años con el crecimiento de la inseguridad en diversas regiones del país.

Ante esta realidad, muchos pueblos indígenas han iniciado campañas para exigir justicia, el cese de la violencia y una mayor protección a sus comunidades, donde mujeres y niños son los más afectados.

Esta violencia directa de los cárteles también agrava aún más la marginación histórica que viven millones de indígenas y la falta de presencia del Estado, ya que la inseguridad ha obligado a muchos pueblos a enfrentar desplazamientos forzados, extorsiones y otros abusos.

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